Los colegios profesionales son una institución protegida constitucionalmente en el artículo 36 de la Constitución, la cual establece que: “ La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. La Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de Febrero, en la redacción dada por las modificaciones efectuadas por el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, por la Ley 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, define a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus finalidades. Para la interpretación de este precepto, existe importante y copiosa jurisprudencia no sólo del Tribunal Supremo, sino también del Tribunal Constitucional, quien señala que los colegios profesionales son corporaciones sectoriales constituidos para defender los intereses de sus miembros, pero que también atienden a fines de interés público, por lo cual se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o corporaciones de derecho público, cuyo origen, organización y funciones no dependen solamente de la voluntad de los asociados, sino también y ante todo, de las determinaciones obligatorias del legislador.