Sentencia contra las pretensiones de una agrupación de colectivos que actuaban fuera de la Ley de Seguridad Privada (investigadores mercantiles, peritos judiciales de investigación, determinadas asociaciones de criminólogos, “investigadores” privados) de seguir realizando labores de investigación al margen de los requisitos especificados en la LSP para tal labor.
Los demandantes pretendían diferenciar la “investigación mercantil, comercial, etc” de las funciones específicas del detective privado, claramente expuestas en la LSP.

El juzgador define a este colectivo como “sin el más mínimo control administrativo, determinadas personas, autotituladas como Investigadores Comerciales y Mercantiles, venían inmiscuyéndose en la vida privada económica y comercial de los ciudadanos sin el más mínimo reparo”
Por todo esto se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

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